La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, María Sánchez, ha defendido una reforma del sistema de financiación autonómica que incluya la variable de los costes fijos, pondere “adecuadamente” la dispersión de la población y mantenga la cláusula de ‘statu quo’. Una propuesta que puede extrapolarse, no solo a Cantabria, sino también al resto de regiones participantes en el ‘Plan RESOE’ -Asturias, Castilla y León y Galicia – que aúnan esfuerzos para, entre otros aspectos, combatir el desafío que supone el despoblamiento rural.
La titular de Economía ha defendido la inclusión de los tres factores mencionados durante su intervención en la presentación de las conclusiones del proyecto ‘Plan Estratégico y Económico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para el Despoblamiento Rural en Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia (RESOE)’, que ha tenido lugar este viernes en la Fundación Comillas.
En palabras de Sánchez, estos preceptos – los costes fijos, la dispersión de la población y la cláusula de ‘status quo’- son “perfectamente válidos” para las regiones RESOE. En ese sentido, la consejera apeló a que “se podría hacer frente común” con el resto de comunidades afectadas por las mismas situaciones para que el nuevo sistema de financiación autonómico “sea lo más ventajoso posible”.
En relación a los costes fijos de los servicios públicos, la consejera de Economía ha descartado “una relación estrictamente proporcional entre el número de habitantes y las necesidades de gasto”. Independientemente del número de beneficiarios, la prestación de servicios tiene un nivel mínimo de gasto necesario. Por tanto, a menor población, “mayores serán los costes fijos ‘per cápita’ que soporta una comunidad”.
A modo de ejemplo, la consejera ha indicado que Cantabria necesita un 20% más de financiación por habitante que la media de las comunidades autónomas para prestar el mismo servicio sanitario. “Por tanto, parece obvia la necesidad de considerar la especial situación de las Comunidades Autónomas de menor población en el nuevo contexto de la financiación autonómica”, ha resaltado.
Sobre la dispersión de la población, la titular de Economía y Hacienda ha apostado por “valorar adecuadamente” este aspecto ya que también eleva el coste en la prestación de los servicios públicos. “La medida que aplica el sistema actual deja fuera dos parámetros clave como son la población de cada núcleo y la distancia a un centro de referencia”, ha advertido.
Tras ello, ha explicado que la educación en menores de 18 años en Cantabria se traduce en un gasto “casi un 28% superior al conjunto de las comunidades autónomas de régimen común”. Durante el ejercicio 2019, en transporte escolar, Cantabria ha movilizado 18,9 millones de euros. “Una cantidad neta que nos sitúa por encima del gasto de Madrid, con 17,1 millones. Sin embargo, ese gasto da servicio a una décima parte del alumnado que tiene la comunidad madrileña”, ha añadido.
Por último, la consejera de Economía y Hacienda ha asegurado que la cláusula de ‘statu quo’ debe ser un “principio irrenunciable” dentro del futuro sistema de financiación autonómica. “De no seguir haciéndolo, se comprometería gravemente la viabilidad financiera de varias comunidades”, ha apostillado.
La ‘hoja de ruta’ de RESOE
Por otro lado, los expertos de la OCDE han presentado este viernes el ‘Strategic Governance Plan for Rural Depopulation in RESOE’. Un informe que recoge el trabajo realizado durante el último año en el seno de este proyecto respaldado por la Dirección General de Reformas (DG REFORM) de la Comisión Europea (CE).
Además de la valoración de la situación socio-económica de cada región participante en esta iniciativa, esta ‘hoja de ruta’ recoge una serie de recomendaciones para corregir esta problemática de manera individualizada en cada una de ellas. Y es que, “las comunidades autónomas que forman parte de la región RESOE, presentan características similares en cuando a la dispersión y el envejecimiento de la población, la configuración orográfica o la densidad de población”, ha recordado Sánchez.
El texto presentado este viernes se articula en torno a varios ejes. El primero, el de la ‘Gobernanza’, trata de promover la cooperación intermunicipal en consonancia con los objetivos de desarrollo regional. En este apartado, los expertos consideran “clave” un mapa regional de comarcas “consolidado y operativo” para implementar con éxito las líneas estratégicas de recuperación económica y revertir las tendencias demográficas actuales en Cantabria.
De este modo, se apuesta por el proceso de ‘comarcalización’ para conseguir una prestación de servicios públicos “más eficaz”. Además, en cuanto a la ampliación de la prestación de determinados servicios, los expertos creen que las comarcas pueden llegar a jugar “un papel similar” al de las provincias en las comunidades autónomas.
Emprendimiento, innovación y digitalización
Otro de los ejes principales que proponen los expertos de la OCDE es el del ‘Emprendimiento, Innovación y Digitalización’. Y es que, tal y como recoge el informe, además del acceso a los servicios públicos, los mayores retos para las zonas rurales es la innovación; la creación de empleo; las dificultades a las que se enfrentan los emprendedores para acceder a la información o la financiación, así como las brechas y la conectividad rural.
Con el objetivo de abordar estos desafíos, se recomienda, entre otras cuestiones, facilitar el acceso a la información y a los recursos financieros de los empresarios rurales. También el impulso de la bioeconomía, el turismo verde y la prestación de servicios innovadores como parte de la estrategia de especialización inteligente de la región.
Otra de las propuestas de los expertos de la OCDE es impulsar la conectividad digital con el objetivo de aumentar la prestación de servicios. También crear una plataforma de ‘software’ inteligente para mejorar la gestión de los servicios públicos rurales.
Por último, en relación con el tercer eje, el de la ‘Educación de calidad en las zonas rurales’, en el texto se recoge, entre otras cuestiones, la recomendación de garantizar el uso eficiente de los recursos escolares en las zonas rurales, aprovechando, por ejemplo, las soluciones digitales a la hora de mejorar el transporte escolar.
