
Brinda asistencia técnica a los Estados Miembros para llevar a cabo reformas institucionales, estructurales y administrativas, que propicien el crecimiento económico, la creación de empleo y la inversión sostenible.
Financia asistencia técnica a las autoridades públicas. No pueden beneficiarse de él directamente las personas físicas o jurídicas de carácter privado, ya que el apoyo se da a la autoridad beneficiaria en forma de asistencia técnica, no en forma de financiación.